Criminalizando al ciudadano medio Resulta sorprendente la capacidad que el Gobierno del PP tiene para ofender a la ciudadanía. Me refiero a la campaña publicitaria en televisión de la declaración de la renta de este año.
El Partido Popular del ‘caso Gürtel’ (en simulado y diferido), del Palma Arena y Noos, de las amnistías fiscales, de Bárcenas y un largo etcétera, el mismo Partido Popular que ha convertido la corrupción en una forma de gobierno, lanza una campaña criminalizando al ciudadano que no paga sus impuestos. Como si para un asalariado fuese posible tener cuentas en Suiza o una SICAV. Pero ya saben, repitan el mantra conmigo: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y todos somos culpables de la crisis.
Es cierto que la economía sumergida en España supera el 26% del PIB y supone un serio problema que los inspectores de Hacienda vienen denunciando sistemáticamente, pero como han dejado claro estos mismos técnicos de Hacienda, el 72% del fraude fiscal lo cometen grandes empresas y grandes fortunas. Si la hacienda pública no tiene suficientes recursos para financiar los servicios públicos no es porque haya una gran parte de la población que sobrevive trabajando en negro para llenar la nevera; hay que mirar arriba para encontrar a los culpables. Por eso sorprende que el Gobierno que ha reducido la inversión en la lucha contra el fraude y las inspecciones fiscales, que ha sustituido a policías que investigaban los principales delitos de corrupción de este país, que declaró una amnistía fiscal y que no ha dudado ni un momento en realizar recortes de servicios sociales y públicos para salvar a bancos privados, impulse esta campaña. Ofende que el partido que sustenta al Gobierno , que nuevamente se ve salpicado por la sospecha de financiación ilegal, de sobres y reformas en B, y que siempre ha apostado por lo privado, nos diga lo que ya todos sabemos: que la construcción del Estado, su mantenimiento y los servicios a los ciudadanos se mantienen gracias al dinero de todos y todas. Estoy seguro de que muchas de las personas implicadas en los casos anteriores además de sus buenas cuentas bancarias en Suiza, o donde sea, tienen seguros médicos privados, planes de pensiones, y sus hijos y nietos acuden a la educación privada. Así es el cinismo y la hipocresía de la derecha española que vende lo público y gobierna para una minoría de privilegiados. Sólo les ha faltado decir “quien quiera algo público de calidad, que lo pague”, aunque ellos son más de mandarte a Cuba.
Un ejemplo que ilustra muy bien lo dicho: el Ayuntamiento de Salamanca debido a su déficit presupuestario y al plan de reajuste impuesto, está inhabilitado, de facto, para contratar nuevo personal y cubrir jubilaciones, ha reducido las partidas presupuestarias destinadas a temas sociales, políticas de empleo y de impulso económico, aunque lo intente maquillar. La crisis a azotado con dureza en la ciudad de Salamanca, la recaudación por impuestos ha disminuido y eso a obligado a dichos recortes según el concejal de turno pero tal vez, sólo tal vez, con una buena gestión que hubiese impedido la prescripción de deudas millonarias derivadas de tasas y sanciones a constructores, con una política cabal, alejada de megalomanías que ahorrasen hasta 6 millones de euros en indemnizaciones, y con un poco de planificación urbana que evitase volver a realizar obras en avenidas recién modificadas, esa situación financiera hubiese sido menos crítica. Pero seguramente esté equivocado y la culpa sea otra vez del ciudadano, que pretende vivir por encima de sus posibilidades.
